La compra conjunta de innovación como catalizador federal

"Un mecanismo claro, acordado por la Conferencia de Presidentes y pactado con los Municipios, facilitaría la muy necesaria colaboración entre administraciones y estimularía la innovación como puntal de la recuperación"

La compra pública de innovación, o CPI, es una herramienta regulada que permite a las administraciones públicas adquirir productos o servicios innovadores, de nuevo desarrollo, cuando no existen soluciones comerciales adecuadas a sus necesidades. Es, por lo tanto, un poderoso instrumento para fomentar la innovación de forma directa, con objetivos concretos y con impacto.

Un factor crucial para el éxito de la innovación ligada a la CPI es lograr un volumen de demanda crítico que justifique la inversión en I+D e industrialización de esas nuevas soluciones innovadoras, las cuales, por definición, tienen asociado un nivel riesgo e incertidumbre. El beneficio es doble: por un lado, un volumen de demanda mayor permite amortizar el coste de la innovación sobre un mayor número de unidades adquiridas. Por otro, asegura la relevancia y la vigencia del esfuerzo en I+D, y proporciona a la industria una ventana de oportunidad clara y confiable, capaz de compensar esos riesgos, lo cual es fundamental para arrastrar recursos privados y así complementar y aumentar la financiación pública.

"La generación confianza frente a los riesgos inherentes a la innovación, articulada desde lo público y basada en la relevancia de ésta para hacer frente a los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad, es el cimiento sobre el cual podremos construir una ventaja competitiva para nuestra industria."

Esa generación confianza frente a los riesgos inherentes a la innovación, articulada desde lo público y basada en la relevancia de ésta para hacer frente a los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad, es el cimiento sobre el cual podremos construir una ventaja competitiva para nuestra industria. Dicha ventaja competitiva es directamente proporcional a la calidad de los empleos que nuestra industria genere, y contribuye enormemente la resiliencia de nuestro modelo productivo. Y en el caso concreto de la compra pública de innovación, a mayores volúmenes de demanda, mayor intensidad de innovación en nuestra industria, y mayor competitividad a futuro.

La pregunta obligada, pues, es cómo conseguir esos mayores volúmenes de demanda. La respuesta pasa necesariamente por nuestro sistema institucional y nuestro modelo de Estado, que es el que determina qué administraciones tienen las competencias en cada ámbito propicio para la compra innovación.

Imaginemos, por ejemplo, la compra de autobuses de cero emisiones por parte de los Ayuntamientos, o de sistemas punteros para la detección precoz del cáncer por parte de las Consejerías de Salud autonómicas. Por separado, incluso los volúmenes de las administraciones con mayores necesidades difícilmente justificarían el desarrollo de soluciones o tecnologías dedicadas. Ello obligaría a dichas administraciones a adaptar sus requisitos a la oferta existente en el mercado, muy probablemente importada – a menudo de fuera de la UE –, y privaría, además, a nuestra industria de oportunidades vitales para desarrollar una oferta competitiva.

"La colaboración entre administraciones para la compra conjunta de innovación desbloquearía los volúmenes críticos necesarios para justificar el esfuerzo en I+D de nuestra industria, y canalizaría enormes recursos ya existentes hacia la innovación."

Es evidente, por lo tanto, que la compra pública de innovación es un campo muy propicio para la colaboración entre administraciones, pues ésta permitiría agregar la demanda y lograr los esos volúmenes críticos. Un requisito conjunto, pactado entre administraciones homólogas, lo haría posible, justificado o bien el desarrollo de la totalidad de esos productos, o bien el de sus elementos y tecnologías de mayor valor añadido en asociación con actores más establecidos. Además, daría a las administraciones compradoras la posición de fortaleza para negociar precios más beneficiosos y requisitos más exigentes. Sería un auténtico ejemplo de sinergia federal, donde el logro de las administraciones trabajando juntas, con lealtad y coordinación, sería mayor que la suma de sus logros por separado.

Pero ¿por qué no ocurre ya esa compra conjunta de innovación, y cómo lograr que desencadenarla? Existen dos razones principales. La primera, y más inmediata, es que las herramientas existentes no están concebidas para facilitar esa colaboración. Los recursos a disposición de las administraciones se han centrado en su asesoramiento individual, y aun reconociendo el potencial de una colaboración, ésta queda relegada a la iniciativa que surja espontáneamente de las instituciones. A día de hoy, no existe un mecanismo lo suficientemente directo para facilitar este procedimiento – lo que en inglés suele llamarse una solución turnkey, o “llave en mano”, que permita la rápida articulación de esa colaboración sin necesidad de reinventar un marco institucional y contractual para cada ocasión.

La segunda razón, sin embargo, es más profunda y sintomática de la dinámica institucional de nuestro país. El desarrollo de nuestro Estado compuesto se ha caracterizado por la transferencia de determinadas competencias a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos para su ejercicio acorde a la realidad de cada territorio. Sin embargo, dicha transferencia ha venido raramente acompañada de colaboración entre administraciones para el ejercicio de esas competencias en áreas en las que la coordinación sería claramente beneficiosa. Ello acarrea penalizaciones importantes en términos de fragmentación y duplicidad que el principio de subsidiariedad no alcanza a justificar.

La colaboración entre administraciones es, en efecto, una oportunidad plenamente posible, pero hasta ahora infraexplotada, de nuestro modelo de Estado. Como tal, es una de nuestras debilidades como país. Precisamente, la lucha contra la pandemia impulsa estos días, bajo la apuesta del Gobierno de España por la co-gobernanza, la exploración de esa avenida en el ámbito de la sanidad, revelando las inevitables dificultades derivadas de lo pionero de una colaboración con escasos precedentes.

"Sin duda, se han echado en falta coaliciones institucionales más frecuentes, entre Autonomías y Municipios, para impulsar iniciativas no radiales, tan necesarias para lograr el pleno y equilibrado desarrollo de nuestro Estado."

Pero la ausencia de colaboración es más manifiesta en sentido horizontal, entre administraciones del mismo nivel, especialmente autonómicas, pero también entre Municipios a lo largo de nuestra geografía. Esa colaboración horizontal es esencial, además de en la innovación, en otros múltiples ámbitos, entre ellos el de las infraestructuras. Su inconstancia, en el mejor de los casos, explica en gran parte la ausencia de infraestructuras no radiales en nuestro país. El Corredor Mediterráneo es quizá el más famoso ejemplo, pero ni por asomo el único. Sin duda, se han echado en falta coaliciones entre instituciones para impulsar estas iniciativas, tan necesarias para lograr el pleno y equilibrado desarrollo de nuestro Estado.

Transformar esa dinámica es esencial para desbloquear el pleno potencial de nuestra sociedad para enfrentarse a los enormes retos que se avecinan. La compra conjunta de innovación es una gran oportunidad para iniciar esa transformación, pues permite colaboraciones específicas en proyectos concretos, sin requerir de compromisos más duraderos y complejos, con los obstáculos que éstos pueden conllevar.

Pero convertir esa mera posibilidad teórica en una opción creíble y atractiva pasa por disponer de un mecanismo concebido explícitamente para facilitar la colaboración entre administraciones en lo que concierne a su adquisición de soluciones innovadoras. Una herramienta como ésta debería contar con un diseño estandarizado, permanente, modular y escalable, concebido para generar y gestionar ágilmente programas de adquisición específicos para cada solución, pero fácilmente replicables.

"Sería un auténtico ejemplo de sinergia federal, donde el logro de las administraciones trabajando juntas, con lealtad y coordinación es, sin duda, mayor que la suma de sus logros por separado."

Dicho instrumento sería custodiado por el Estado y estaría al servicio de todas las administraciones. Las iniciativas conjuntas podrían ser pactadas entre diferentes administraciones a través de un diálogo espontáneo y directo, animadas por la facilidad de uso de dicho mecanismo, o bien a través de la mediación e iniciativa del Estado para facilitar el entendimiento entre las demás administraciones. Tal mecanismo podría ser acordado por la Conferencia de Presidentes y pactado con los Municipios, sobre una base de lealtad mutua y apoyado en el diálogo institucional multinivel, para el beneficio conjunto de instituciones y ciudadanos.

Un acuerdo de esta índole sería un paso doblemente histórico. Por un lado, su forma y trascendencia en el marco de co-gobernanza de nuestro Estado lo convertirían en un auténtico catalizador federal, fomentando lealtad y colaboración entre administraciones en un campo tan universalmente reivindicado como es la innovación. Por otro, sería un logro crítico para desbloquear una oportunidad latente, canalizando enormes recursos ya existentes hacia la innovación y la industria que tan necesarias serán para la recuperación de nuestra economía y la transformación de nuestro modelo productivo.